Asunción, 24 de noviembre de 2015
Señor
Enrique
Gauto
Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Presente
En representación de la Organización
de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN), nos
dirigimos a usted y por su intermedio a los demás miembros, con el objeto de
manifestar nuestra preocupación en relación a la situación por la cual están
atravesando los trabajadores de la educación y los estudiantes.
Denunciamos las medidas arbitrarias y
represivas del Gobierno de Cartes, que viene ejecutando a través de sus
ministros Marta Lafuente, de Educación, y Guillermo Sosa, de Trabajo, contra el
magisterio nacional paraguayo, que históricamente luchó para la caída de la
tiranía stronista en el 89, por la consolidación de la incipiente democracia en
estos 26 años de apertura y por la aplicación práctica del anhelo de la
educación pública, gratuita y de calidad.
- Procedió a descuentos arbitrarios e injustificados de salarios de todo docente que utilizaba su derecho a huelga y que se sumara a movilizaciones.
- Eliminó la jornada sindical como espacio de participación democrática de los trabajadores de la educación, que permitía la reunión mensual en asambleas para discutir sus intereses.
- El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) prohíbe la utilización de locales escolares para la realización de reuniones y/o congresos con temas sobre “las precariedades en la educación pública y las persecusiones al sector”.
- No reconoce organizaciones legalmente constituidas: el señor Guillermo Sosa, ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad, se niega a firmar la legalización de la Comisión Directiva electa en un congreso por los delegados y delegadas de nuestro sindicato. A pesar que se ha dictaminado como favorable en la Asesoría Jurídica de la misma institución, el ministro sigue reteniendo la documentación, archivada, hace aproximadamente ocho meses.
- Retienen arbitrariamente las cotizaciones de los docentes agremiados a nuestra organización, atribuyendo a que carece de existencia legal. Sin embargo, la OTEP SN es legal y legítima. Es el primer sindicato nacional del magisterio en nuestro país, tiene reconocimiento legal a través de la Personería Gremial N° 47 y está legitimada por el pueblo con su trayectoria de 29 años de lucha y conquistas por la educación pública gratuita y de calidad. Además es miembro de la Internacional de la Educación (IE).
- El presidente Cartes, no satisfecho
con las persecusiones mencionadas, ordenó a sus títeres del MEC (la ministra
Marta Lafuente, el director de asesoría jurídica Gustavo Rodas y la jueza
Rossana Soloaga) elevar las persecusiones contra los dirigentes de la OTEP SN. Estos
personeros forman un equipo autoritario del MEC: persiguen, amenazan, sumarian
y destituyen a dirigentes y docentes, con abierta actitud de de doblegar con
chantajes y presiones a todos quienes cuestionan o piensan diferente al
Gobierno. Los casos concretos son: 1) la instrucción de sumario administrativo
a dos dirigentes, Blanca Avalos, secretaria general; y Manfredo Martínez, miembro
de la Dirección Nacional de la OTEP SN. 2) La destitución de sus puestos de
trabajo de tres dirigentes: Víctor Sanguina, miembro de la Dirección Nacional;
Aldo Gray, miembro de la Dirección Regional; y Mario Villamayor, miembro de
Comité de Base de la OTEP SN. Todos son maestros de grado de una misma escuela:
la Escuela Básica N° 7.312 “San Blas” del asentamiento Felipe Osorio del
distrito de Santa Rosa, departamento de San Pedro.
Con estos elementos se demuestra
claramente que con el Gobierno de Cartes hay un gran retroceso, porque
nuevamente florecen las prácticas autoritarias, retrógradas y retardatarias del
stronismo. Estos atropellos del Estado son prácticas que nos recuerdan a los
viejos y funestos tiempos de la época del dictador Alfredo Stroessner, que
igual a otros tiranos de América del Sur, respaldados por la Operación Cóndor,
prohibía y perseguía a todo individuo u organización que planteara un proyecto
país pensado desde el pueblo.
Solicitamos su solidaridad para que,
por los medios a su alcance, cuestione la política del Gobierno de Cartes, que
no respeta la libertad sindical, de expresión y de pensamiento garantizada por Estados
democráticos.
Blanca Avalos, Secretaria General
Ermo Rodríguez, Secretario de Organización
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