(José Pedro Varela)
El Estado debe garantizar la Educación como un derecho humano fundamental y como un bien público para que ésta llegue al pueblo, ésto supone una inversión en educación que debe ser mucho mayor y progresivo y acorde a un plan serio y coherente que contemple necesidades y prioridades en beneficio de la mayoría del pueblo.
La educación no es un bien privado ni un botín que se utilice para conseguir los votos. Las autoridades competentes deben dejar de tomar decisiones autoritarias y adoptar medidas democráticas en donde el pueblo participe en la toma de decisiones para definir la política educativa, es decir, cuánto presupuesto destinar, en qué y cómo utilizar.